El gobernador Martín Llaryora envió a la Legislatura un proyecto para crear un Régimen Provincial de Protección de Víctimas de Delitos, que establecerá estándares mínimos de trato, información, asistencia y reparación.
La iniciativa —denominada “Ley Joaquín”, en memoria de Joaquín Sperani— busca garantizar acompañamiento desde el primer contacto con la Justicia, evitando la revictimización y asegurando patrocinio jurídico, asistencia integral gratuita y medidas urgentes de protección.
Además, propone cambios en el Código Procesal Penal para hacer efectivos estos derechos sin alterar el debido proceso.
El objetivo: fortalecer la tutela y dar respuestas más rápidas y claras a quienes atraviesan un proceso penal.
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